Una reciente resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos del organismo condenó las violaciones y abusos de las garantías fundamentales en la nación asiática, en particular tras el golpe militar de febrero de 2021.
El texto llamó a garantizar la plena protección de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, incluidos los musulmanes rohingya y otras minorías.
El Consejo expresó su alarma por el efecto de contagio transfronterizo de la guerra en Myanmar, que al parecer ha causado muertes y daños a la propiedad en Bangladesh y otros países limítrofes; así como el impacto de los discursos de odio contra las minorías.
La resolución insistió en la necesidad de cesar de inmediato los combates, las hostilidades y los ataques contra civiles.
En ese sentido llamó a fomentar un diálogo político nacional inclusivo y amplio y un proceso de reconciliación a nivel nacional que garantice la participación plena, efectiva y significativa de todos los grupos étnicos, incluidos los rohingya y otras minorías.
El organismo exigió investigaciones internacionales, independientes, justas y transparentes sobre las denuncias de violencia y abusos sexuales y de género contra mujeres y niños y sobre presuntos crímenes de guerra.
Además, recalcó la importancia de exigir cuentas a todos los responsables de actos y crímenes brutales contra todas las personas para que se haga justicia a las víctimas.
El golpe militar de 2012 mantiene al país en un conflicto entre las fuerzas del ejército con grupos armados de oposición, lo que ha provocado desplazamientos masivos y miles de víctimas.
Alguna vez considerada una de las economías más prometedoras del sudeste asiático, con una clase media en crecimiento, la nación ahora sufre niveles vertiginosos de pobreza.
La guerra civil empujó a decenas de miles aún más a la indigencia mientras que casi la mitad de la población de 54 millones está por debajo del umbral de pobreza.
El 49,7 por ciento de las personas vive con menos de 76 centavos de dólar al día, una cifra que se ha duplicado desde 2017, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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