Los acusados recibieron la sentencia en calidad de autor mediato y coautora del crimen, respectivamente. Otras tres personas fueron sentenciadas como cómplices del crimen del político y pagarán una pena de 12 años y una multa.
Más temprano este viernes, los sospechosos rindieron su versión, pero dijeron desconocer del delito que se les imputa y luego se acogieron al derecho al silencio.
Alias Invisible fue señalado por la Fiscalía como la persona que dio la orden de matar a Villavicencio, desde la cárcel de Cotopaxi. Mientras que Laura Castillo fue considerada como coautora del crimen.
Después de siete días de audiencia, el tribunal rechazó 23 pruebas del Ministerio Público y de los 200 testigos que prometió la Fiscalía, de los cuales se presentaron 40.
Uno de ellos, el jefe de seguridad de Villavicencio, reveló la falta de atención por las autoridades policiales en propiciar el material necesario para proteger al político, que tenía un riesgo de atentado de más del 90 por ciento.
En ese contexto, medios locales anticiparon que podrían vincular al caso a integrantes de la cúpula policial. En total fueron cinco los acusados de acabar con la vida del político el 9 de agosto de 2023.
Inicialmente, 13 personas estaban implicadas en el homicidio del político, pero siete de ellas, de nacionalidad colombiana, fueron asesinadas el 6 y 7 de octubre de 2023, mientras se encontraban detenidas en cárceles ecuatorianas.
Villavicencio fue acribillado a tiros cuando salía de un mitin de campaña en Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.
Luego del homicidio, un grupo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos llegó a Ecuador para colaborar con las investigaciones, por pedido del entonces presidente Guillermo Lasso.
Verónica Sarauz, viuda del excandidato, dijo al diario La Hora que los representantes de esa agencia entrevistaron a los sicarios y les ofrecieron protección a cambio de llegar a los autores intelectuales, pero varios de ellos fueron asesinados en prisión.
“La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene las grabaciones”, indicó Sarauz, sin embargo, en los primeros días de la audiencia nada se ha mencionado sobre ese tema.
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