El anuncio, realizado ante el Consejo de Seguridad Naciones Unidas por el presidente Gustavo Petro, -que generó un gran debate en la opinión pública-, incluyó la presentación de un plan de choque para poder honrar los puntos del Acuerdo, y la solicitud de extender por otros siete años el plazo de implementación, originalmente previsto para 15 años.

También expuso el jefe de Estado la necesidad de lograr un Acuerdo Nacional, en el que intervenga incluso la oposición, para realizar las grandes reformas que necesita el país.

Una de las cuestiones que según planteó serán revisadas tiene que ver con el plan fiscal de mediano plazo, pues con las disposiciones actuales no es posible financiar la inclusión territorial, que es el eje central del Acuerdo.

Manifestó que es igualmente perentorio hacer reformas para que el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial que se ejecuta hoy en los municipios disponga de los recursos para su propia inversión social.

Otro de los puntos presentados ante el Consejo de Seguridad fue la necesidad de excarcelar al campesinado productor de hoja de coca, la urgencia de nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación de sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.

También se refirió a la importancia de ejecutar una Reforma Agraria que contemple la modificación de las normas, ya que, con las leyes vigentes, los procesos en los juzgados para la entrega de tierras fértiles y productivas al campesinado resultan muy demorados.

Petro apeló igualmente al apoyo de la comunidad internacional para poder cumplir con el Acuerdo.

En este sentido, consideró que el retiro del riesgo país en el endeudamiento colombiano, entre otras facilidades, le darían al Gobierno la posibilidad de destinar los recursos que se necesitan para la paz, en un momento de crisis presupuestal.

Pidió además la creación de una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de excombatientes que han firmado la paz.

Según apuntó el presidente, los resultados limitados en la implementación del Acuerdo se deben, en parte, a la incomprensión de que este se trata de un compromiso del Estado y no del Gobierno, lo que implicaba superar las diferencias que dividen a la nación.

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