La nueva administración de la entidad, a cargo de Jaime Díaz, designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, también adelantó auditorías internas para conocer el otorgamiento de préstamos financieros para becas de forma irregular, basado en el clientelismo político.
La víspera, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) interpuso una demanda penal ante la Fiscalía por la posible comisión del delito contra la administración pública.
Durante los cinco años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024), el presupuesto asignado al Ifarhu ha experimentado incrementos considerables, alcanzando los 545.8 millones de dólares solo este año.
Ese aumento, que suma un total de dos mil 615.2 millones de dólares asignados desde 2019, ha estado acompañado por preocupantes informes sobre la gestión de los recursos, que sugieren un patrón de favoritismo y falta de transparencia.
Según informes periodísticos, el Ifarhu otorgó subsidios no reembolsables a familiares de varios altos funcionarios, incluyendo a una sobrina del propio exmandatario Cortizo y un hijo de su exministro de la Presidencia, José Simpson.
La nueva dirección del Ifarhu indicó que están comprometidos con la rendición de cuentas y la transparencia y por esta razón cuando sean entregadas las auditorías, la institución hará públicos los hallazgos de las mismas; y en consecuencia, las acciones legales que se deriven de dichos resultados.
La Cciap, que agrupa a más de mil 500 empresas privadas en el istmo, señaló en un comunicado este fin de semana que desde que se conocieron la falta de transparencia y la discrecionalidad en el otorgamiento de estas ayudas, advirtieron que no podían quedarse callados ni ser indiferentes ante los hechos.
Según afirmó el titular del gremio, Juan Díaz, esto implica que tanto funcionarios del Ifarhu, la Contraloría General de la República o cualquier otra institución del Estado, así como individuos privados que hayan recibido fondos de forma indebida, deben enfrentar todo el peso de la Ley, sin importar quiénes sean.
Destacó además que no solo se trata de castigar a los responsables, sino de enviar un mensaje claro y contundente de que en Panamá no se tolera la corrupción.
“Es inaceptable que quienes deben velar por el buen uso de los recursos públicos fallen en su deber y traicionen la confianza de la ciudadanía. Por esto, esperamos que todos los nuevos funcionarios se conduzcan de forma transparente y honesta”, agregó.
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