Una declaración de la cancillería aquí, conjunta con las de Argentina, Costa Rica, Guatemala y Paraguay, manifiesta preocupación sobre el supuesto «hostigamiento y persecución» a opositores del gobierno venezolano.

Refiere que las alegadas acciones inciden en las elecciones del 28 de julio, en las cuales participa como candidato el presidente Nicolás Maduro.

El pronunciamiento cuestiona la «realización de un proceso electoral legítimo».

Tal postura coincide con denuncias del gobierno de Venezuela sobre planes de desconocer los resultados electorales, en caso de que triunfe el candidato oficial.

Según las autoridades venezolanas, resultaría la consumación de propósitos de desconocer la voluntad popular y prolongar la política de sanciones económicas y otras contra el país sudamericano.

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