En ese contexto, el ente diplomático declaró persona no grata a un empleado de la embajada moldava en Moscú, en respuesta a la expulsión de un trabajador de la misión diplomática de Rusia en Chisináu.

El 1 de agosto, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, calificó la expulsión del empleado de la embajada de Rusia como «otra manifestación de un agresivo rumbo antirruso del actual liderazgo moldavo que destruye de forma irresponsable los lazos ruso-moldavos que tienen profundas raíces históricas».

El día anterior, el Servicio de Información y Seguridad de Moldavia junto con la Fiscalía contra el crimen efectuaron registros en la sede del Parlamento.

La Fiscalía General de la república comunicó que fueron detenidos por 72 horas un funcionario del Parlamento y un colaborador de la policía fronteriza como sospechosos de alta traición.

Varios medios de comunicación moldavos, a su vez, informaron que uno de los sospechosos es Ion Creanga, jefe del departamento jurídico del Parlamento, quien supuestamente entregaba información secreta a unos funcionarios de la embajada de Rusia en Moldavia.

Por su parte, la misión diplomática rusa rechazó las acusaciones de espionaje y recordó que el gobierno de Moldavia esgrimió acusaciones similares el año pasado como pretexto para reducir radicalmente el personal ruso en Moldavia.

La embajada instó a Chisináu a evitar decisiones inamistosas con base en acusaciones falsas.

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