Con 76 votos a favor, el Legislativo aprobó la moción para archivar el enjuiciamiento solicitado por la asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Jhajaira Urresta, quien acusó a Sommerfeld de incumplir sus funciones en el contexto de la invasión a la sede diplomática mexicana el 5 de abril pasado, cuando detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas.
Durante la sesión de este jueves, Urresta reiteró que la funcionaria «no está capacitada para ocupar el cargo al frente de la Cancillería”.
Urresta consideró que la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tenía intereses personales detrás de la irrupción de los uniformados ecuatorianos en la legación mexicana para aprehender a Glas.
Por su parte, la legisladora Sofía Espín denunció la ausencia del Estado para ayudar a los migrantes ecuatorianos en México. «O estamos del lado de los migrantes o estamos del lado del nefasto Gobierno», manifestó.
La semana pasada, la Comisión de Fiscalización del Legislativo rechazó un informe que sugería continuar con el proceso a Sommerfeld, pero asambleístas aliados al oficialismo y los socialcristianos votaron en contra, mientras los de la RC se pronunciaron a favor de seguir el trámite.
En su defensa, Sommerfeld afirmó que se trata de un juicio en contra de Ecuador, pues en su opinión las acusaciones no tienen que ver con el incumplimiento de las funciones y atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley.
Otra de las imputaciones contra la titular está relacionada con las consecuencias de la decisión del Gobierno de canjear equipamiento ruso considerado chatarra con Estados Unidos, que luego lo enviaría a Ucrania, aunque tras la polémica suscitada el presidente Daniel Noboa suspendió esa operación.
El informe rechazado la pasada semana en la Comisión señaló las normativas nacionales que habría incumplido Sommerfeld, entre ellas la Constitución y la Ley Orgánica del Servicio Exterior.
La Canciller no es la única integrante del gabinete del presidente Daniel Noboa con juicios políticos en la Asamblea, pues a ella se suman la ministra del Interior Mónica Palencia, cuyo caso fue analizado la víspera, y otros cuatro titulares de carteras de Estado que deberán ser procesados próximamente.
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