Tras las recientes declaraciones del diputado oficialista William Soriano sobre el funcionamiento del sistema previsional y la posibilidad de permitir nuevamente a los cotizantes retirar hasta el 25 por ciento de sus ahorros, el economista César Villalona cuestionó la veracidad de tales señalamientos.
A juicio de Villalona, la extracción del capital de los cotizantes provocaría el desfinanciamiento del sistema subrayó que el principal riesgo financiero radica en la deuda estatal con los fondos de pensiones que asciende al 70 por ciento de esos recursos y acumula cuatro años sin realizar abonos a la obligación.
Precisó que el compromiso del Estado con el sistema previsional aumentó en tres mil 678 millones de dólares desde la reforma de 2022, hasta alcanzar los 11 mil 875 millones, acotó el economista.
El especialista también cuestionó que Soriano calificara como integral la reforma aprobada en 2022, pues tal modificación no resolvió tres problemas estructurales existentes: la baja cobertura, el monto de las pensiones y la sostenibilidad financiera.
Desde 2022, afirmó, no hubo avances en la cobertura que solo abarca el 26 por ciento de la población económicamente activa (PEA) lo cual deja al resto de la población desprotegida.
Respecto a las prestaciones, Villalona destacó que el 60 por ciento de los jubilados recibe la pensión mínima de 304 dólares, sin modificaciones desde 2022, mientras el costo de la vida aumentó 12 por ciento entre diciembre de 2022 y septiembre de 2026, al pasar de 480 a 538 dólares.
Otro de los señalamiemtos del economista fue que el mecanismo aprobado eliminó los límites al endeudamiento estatal con esos recursos y advirtió que la obligación podría superar los 14 mil millones de dólares de continuar la dinámica actual.
Además, la reforma de 2022 favoreció las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones pues las utilidades de esas entidades pasaron de 17 millones de dólares en ese año a 40 millones en 2025, mientras que hasta septiembre de 2026 acumulaban 37 millones, señaló.
El proyecto también generó polémicas por parte de la oposición, y la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, defendió el derecho de los trabajadores a disponer anticipadamente de una parte de sus ahorros y reclamó mayor transparencia sobre las propuestas de modificación.
Algunos de los aspectos que permanecen en discusión abordan el posible incremento de la edad de jubilación, los años de cotización y las aportaciones mensuales, así como el futuro del retiro anticipado y el endeudamiento estatal con los fondos previsionales.
El debate sobre los cambios a las pensiones está vinculado al acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla una nueva modificación a las pensiones como parte de los compromisos asociados al financiamiento de mil 400 millones de dólares.
Sin embargo, el Ejecutivo incumplió el plazo acordado para 2026 y en la última revisión con el organismo financiero pactaron un aplazamiento de la medida hasta septiembre de 2027, después de las elecciones presidenciales.
De ahí los cuestionamientos de Villatoro, quien consideró que la población debería conocer previamente las propuestas de los aspirantes a diputados.
Precisamente, una de las críticas de los analistas es la opacidad entorno al tema, pues hasta el momento el Gobierno no ha presentado ningún borrador técnico ni ha abierto un foro de discusión nacional sobre los cambios que negocia con el FMI, lo cual genera incertidumbre entre los cotizantes.
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