Mediante el decreto 727/2024, el presidente Javier Milei derogó el 715 del 9 de junio de 2004, a través del cual fue creada la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI).
Con esa acción, la Comisión por el Derecho a la Identidad no podrá dirigir indagaciones ni acceder a archivos para contribuir a la lucha llevada a cabo por Abuelas desde hace 47 años para recuperar a cientos de pequeños arrebatados a sus familias.
La práctica sistemática del robo de bebés fue probada y condenada por la justicia hace 12 años. Se trata de un delito que implicó, además, el secuestro, desaparición, la realización de partos en condiciones infrahumanas y el asesinato de nuestras hijas y nueras, señala un comunicado de la organización defensora de los derechos humanos
Es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del crimen de apropiación. En tal sentido, exigimos al Gobierno que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la UEI, central para esclarecer ese delito de lesa humanidad, añade el texto.
Asimismo, advierte que, al desfinanciar, vaciar y eliminar organismos de ese tipo, se incumplen normas internacionales de rango constitucional y se garantiza la impunidad a los autores de crímenes pasados, pero también por suceder.
Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, pues durante todos estos años trabajaron de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a la búsqueda, apunta.
La decisión del Gobierno obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y favorece la impunidad. No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras acciones que atacan los derechos de la ciudadanía, añade.
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