Ambos legisladores tomaron la decisión de acudir al Ministerio Público luego de salir a la luz las conversaciones entre el influyente abogado, Luis Hermosilla, ahora en prisión preventiva, y la magistrada de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en la cualésta le pide ayuda para lograr la plaza.

“Nosotros creemos que pueden existir delitos muy graves”, dijo Manouchehri, y mencionó entre ellos una administración torcida de la justicia, falta de probidad, tráfico de influencias y cohecho.

De acuerdo con el diputado, actos como éstos explican por qué la gente considera que aquí hay una justicia para ricos y otra para pobres.

El escándalo conocido como Caso Audios estalló hace unos meses y revela los vínculos de Hermosilla con antiguos funcionarios de gobierno, políticos y empresarios, a los que ahora se suma la magistrada Vivanco, quien hoy fue suspendida del máximo tribunal.

“Pensamos que esto es solo la punta del iceberg”, dijo Manouchehri.

Por su parte, Cicardini recordó que también hubo pago de soborno para funcionarios que trabajaban en el Servicio de Impuestos Internos y en la Tesorería General de la República.

“Por lo tanto, nosotros creemos que esta red ha sido tan amplia que, incluso, no queda exento el poder político”, dijo.

Ambos diputados también impulsan una acusación constitucional contra Vivanco.

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