“Este tema se ha agravado en estos últimos días, y es el momento en que hemos considerado declarar emergencia (…). Hemos estado atendiendo el fuego de manera interna como país”, afirmó el titular.
La autoridad explicó que la situación estaba controlada y que el año se encuentra a inicios de septiembre, fecha en que se genera el mayor descontrol, y es cuando se debe declarar la situación de “emergencia”.
Entrevistado por Radio Panamericana, Novillo subrayó que esa declaratoria se emitió con el fin de tener una dinámica más ágil para acceder a la cooperación internacional.
Reiteró que bomberos especialistas de cuatro países (Brasil, Chile, Venezuela y Francia) coadyuvarán en la extinción de las llamas.
“El año pasado (2023) -recordó Novillo-, pudimos atender todos los incendios con nuestra propia capacidad, y al momento de declarar emergencia, prácticamente comenzaron las lluvias (…)”.
Aclaró que ahora se vive otro momento, y sobre esa base consideró que la declaratoria aconteció en el momento oportuno “porque no olvidemos que estos incendios también tienen un proceso de evolución”.
Sostuvo el ministro que la declaración de emergencia nacional, emitida el sábado último, generará en el plano interno una mejor coordinación interministerial, con las gobernaciones, los municipios y otras estructuras nacionales.
Con el trasfondo de los fuegos que azotan a la amazonia brasileña y los departamentos bolivianos de Santa Cruz, Beni, Pando, con una humareda que también contamina el aire de La Paz y lo hace «muy malo» respecto a la respiración humana, el Ministerio Público instruyó investigar de manera “oportuna e inmediata” los incendios forestales.
“(…) Cada fiscal departamental dará un informe detallado de los casos abiertos en sus regiones y conforme a lo instruido por el fiscal general del Estado, (Juan Lanchipa)», confirmó este lunes el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras activó alrededor de 64 procesos penales y 279 administrativos por incendios forestales y quemas ilegales en Beni y Santa Cruz.
Precisó que son 56 los expedientes penales radicados en Santa Cruz y siete en Beni, con 32 responsables o presuntos autores identificados.
“La sanción para este tipo de delitos es la cárcel y por la gravedad de los hechos, además de la connotación nacional que tuvo, el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva de las personas aprehendidas para asegurar la presencia de los imputados en el proceso”, concluyó Almendras.
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