El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) Pedro Infante presentó recomendaciones para que los involucrados respondan ante diferentes instancias del Estado por los delitos cometidos, en un proceso que inició en 2015 y comenzó hacerse efectivo a partir del 2018.
Infante aludió al falso gobierno que amparó todos estos hechos apoyados por los partidos políticos y las juntas directivas de Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Vente Venezuela, Un Nuevo Tiempo, Mesa de la Unidad Democrática, entre otros.
Recordó que la comisión fue designada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con la orientación de presentar un informe detallado con nombres, apellidos y responsabilidades de las personas que participaron en el despojo de la empresa, cuyos activos están valorados entre 13 mil y 15 mil millones de dólares.
El parlamentario denunció en esta trama la confabulación de Marco Rubio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el Grupo de Lima, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la petrolera Exxon Mobil, entre otros.
Los implicados fueron acusados de robar los recursos del pueblo y de la patria y entre los delitos cometidos están la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de bienes de la República y traición a la patria.
La comisión hizo seis recomendaciones como la de remitir el informe al Ministerio Público para “iniciar de manera inmediata una investigación y determinar las responsabilidades penales de los involucrados”: partidos políticos y sus juntas directivas, personas individuales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
También remitió el documento al Servicio Autónomo de Registro de Notaría para verificar la responsabilidad y aplicar la Ley de Extensión de Dominio y la Ley para la protección de los bienes en el extranjero.
Asimismo instó a la Procuraduría de la República a la aplicación de medida cautelar innominada por daños y perjuicios, y el congelamiento de cuentas bancarias.
Además pidió al Ministerio Público solicitar ante los tribunales penales orden de aprehensión y que se emita la alerta roja de Interpol contra todos involucrados que orquestaron el despojo, y remitir a la Contraloría determinar la responsabilidad administrativa y política para el ejercicio de cargos públicos.
El presidente del Parlamento consideró el informe de investigación profunda, meticulosa y dejó claro las responsabilidades “en esta gigantesca trama de corrupción”, por lo que su importancia radica en establecer las responsabilidades políticas, administrativas, y sobre todo, penales.
ebr/jcd
