Siles sostuvo que “el principio de preclusión establece que cualquier proceso electoral, incluido el proceso de elección de máximas autoridades del Órgano Judicial, no (lo) puede suspender ninguna autoridad”.
De acuerdo con declaraciones que ofreció a radio Erbol, los últimos amparos presentados en contra de las elecciones judiciales son extemporáneos, porque corresponden a la etapa de preselección de candidatos ya superada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Una de las últimas demandas resueltas fue el amparo presentado por el excandidato Hugo Vargas en la Sala Constitucional del departamento de Beni.
Objetó Vargas su inhabilitación como postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por esa jurisdicción, por lo que exigió al Supremo Electoral (TSE) devuelva las listas de postulantes seleccionados a la Asamblea Legislativa.
Al conceder la tutela a Vargas, la sala declaró desierta las convocatorias para la preselección de los aspirantes al TSJ y al Constitucional Plurinacional (TCP), lo cual pone en duda la celebración de los comicios.
Sin embargo, este 17 de octubre, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso continuar con las elecciones de altas autoridades del TSJ y del TCP del 1 de diciembre, en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por el dirigente intercultural Esteban Alavi. Respecto a la decisión de la sala constitucional beniana, el ministro opinó que los vocales cometieron prevaricato porque actuaron “ultra petita”, es decir, le piden una cosa y hace otra.
Señaló que de esa forma dejaron en suspenso las elecciones, además de que en la audiencia no participó la instancia que, según el accionante, genera la vulneración del derecho, que es la Comisión Mixta de la ALP.
Resta todavía que el TCP revise los fallos sobre al menos 47 recursos legales presentadas en contra de las elecciones judiciales.
Subrayó Siles que el TCP debe actuar de “forma responsable y con celeridad para dar certidumbre, despejando dudas de la realización” de las elecciones judiciales, la tercera en la historia del país.
Advirtió, además, que “cualquier intento de paralización de procesos eleccionarios, como el que está en curso, implica la vulneración de derechos colectivos de bolivianas y bolivianos (…)”, lo cual calificó de quebranto del estado de derecho.
El próximo 1 de diciembre, los bolivianos elegirán a nueve magistrados del TCP, nueve del TSJ, cinco del Agroambiental y tres miembros del Consejo de la Magistratura.
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