Adrianzén hizo la precisión tras críticas a la iniciativa de la mandataria Dina Boluarte, quien, a raíz de la agresión sexual y el asesinato de una niña de 12 años, planteó reabrir el tema.
“Abrir el debate forma parte del crecimiento en una cultura democrática. Se abre el debate para la academia, los intelectuales, los políticos y los medios de prensa”, agregó .
“Veamos qué resulta de eso, la presidenta no ha hecho nada más que formular una invitación, aseveró.
Ante una pregunta sobre su posición respecto al tema, Adrianzén respondió que “no puedo zanjar una oposición hasta ver cómo se realiza el debate al que hemos sido invitados”.
Añadió que si bien el Gobierno no ha debatido el posible retiro del Pacto de San José -que obliga a proscribir la pena de muerte- el debate propuesto por debe considerar los compromisos internacionales de Perú y también la legislación nacional.
La iniciativa de la Presidenta fue recibida con expresiones de crítica y escepticismo inclusive por políticos conservadores que la consideran inviable y hasta innecesaria.
El expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez comentó que el procedimiento de retiro del Pacto de San José es tan complicado y toma tanto tiempo que resulta inviable en el corto y el largo plazo y que mejor es optimizar el sistema de justicia para que los autores de graves delitos no queden impunes
El congresista conservador Alejandro Aguinaga coincidió con Álvarez y añadió que la propuesta de la Jefa de Estado es una “cortina de humo” para que se hable del tema y no de las investigaciones y procesos a Boluarte por diversas causas.
La pena de muerte no soluciona el problema de la inseguridad que vive el país; el Gobierno y el Parlamento no funcionan y no hacen nada para solucionar realmente los problemas de Perú, afirmó el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti.
El jurista Erick Urbina recordó que la última vez que se aplicó la pena de muerte a un civil fue en 1957, cuando fue fusilado por violar a un niño Jorge Villanueva, quien era inocente, según investigaciones posteriores.
“Lo mataron por ser negro y pobre”, acotó la congresista Susel Paredes y añadió que las carencias del sistema de justicia aumentan el riesgo de sentencias como esa.
“Antes de entrometerse en un tema tan complejo y duro como el el castigo para crímenes horrendos, la señora Boluarte tiene que ofrecernos alguna explicación sobre su relación con los 50 asesinatos perpetrados durante la represión de las movilizaciones que comenzaron en diciembre de 2022 y se prolongaron hasta 2023”, manifestó el exprocurador anticorrupción César Azabache.
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