El pueblo de Archidona no fue consultado y el proyecto se está imponiendo sin el consentimiento de quienes serán directamente afectados, afirmó Sandra Rueda, legisladora por la provincia de Napo y presidenta del Grupo Temático Parlamentario Amazónico.
Este miércoles, pese a las protestas en las calles y reclamos políticos, representantes del Ejecutivo ratificaron la construcción del centro penitenciario de máxima seguridad en Archidona.
“Para el presidente es una prioridad la seguridad del país, y en este plan de seguridad que él está implementando con mucha firmeza, con mucha convicción, pues, se ha decidido mantener el proyecto en el lugar en el que se encuentra”, aseveró Justina Zambrano, subsecretaria de Gobernabilidad.
En un encuentro entre autoridades locales y funcionarios del Gobierno, se decidió que este jueves abrirán las vías bloqueadas para que transportistas pesados puedan circular, según reportes de medios locales.
Luego, -indicó el portal digital Primicias- los habitantes de la zona realizarán una asamblea para decidir la forma en la que la protesta se radicalizará.
La alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa, anunció que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se sumará a las manifestaciones y advirtió que los cierres viales en Napo se mantendrán.
Hoy se cumplen 10 días continuos de acciones para impedir que se erija el nuevo centro carcelario.
“El niño rico de cuna de oro, está haciendo despertar al jaguar dormido. Los amazónicos nos estamos levantando”, expresó el presidente de la nacionalidad kichwa de Pastaza Pakkiru, Luis Canelos, en declaraciones a la prensa compartidas en redes sociales.
El polémico proyecto de la prisión fue adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., por un monto de 51,9 millones de dólares y cuenta con un plazo de 300 días para su ejecución.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), José Esach, cuestionó los recursos destinados a la megacárcel, mientras que “no hay fondos para educación, salud, ni obras”.
Los líderes sociales señalan que una prisión allí tendrá impacto en el entorno natural y en instituciones educativas cercanas donde estudian alrededor de cinco mil niños y adolescentes.
El presidente Noboa presentó la idea de construir dos nuevas cárceles de máxima seguridad como parte del Plan Fénix, como denominó a su cuestionada estrategia contra la violencia y el crimen organizado.
Actualmente, el Ejecutivo levanta una de esas prisiones de máxima seguridad en la provincia costera de Santa Elena, con capacidad para 800 reclusos y a un costo de 52 millones de dólares.
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