La mandataria dio luz verde a la ley que elimina la detención preliminar de presuntos autores de delitos hasta por 15 días, a fin de que en este lapso la Fiscalía reúna elementos de juicio para una convicción firme de culpabilidad que sustente una investigación preparatoria del correspondiente juicio.
La norma impide que la Fiscalía pida y el Poder Judicial emita órdenes de detención preliminar, la que solo podrá dictarse en los casos de delito flagrante, es decir en las horas siguientes.
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, dijo que la reforma favorece a las organizaciones criminales y a la corrupción en el aparato estatal que generalmente son indagados mucho después de cometer sus delitos.
A modo de ejemplo, dijo que la detención preliminar no hubiera sido posible para los implicados en un caso de tráfico de influencia y otros delitos que involucra a Nicanor Boluarte, varios casos de corrupción registrados bajo el breve gobierno de Pedro Castillo y antes a grandes redes corruptas.
Agregó que, generalmente, la fragancia se produce en delitos menores como robos o hurtos y no en los del crimen organizado donde se actúa clandestinamente para evadir a la policía.
La reforma fue cuestionada también por diversos medios de prensa y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, dijo que los jueces deberán decidir si la nueva ley que elimina la detención preliminar es o no constitucional y aplicarla o no.
La reforma asigna a la Policía calificar los casos de flagrancia por lo que, de no haberlo hecho correctamente, los fiscales o jueces podrán pedir y dictar, respectivamente, la prisión preventiva, pero en la norma prevé penas de prisión para los magistrados que lo hicieran.
“El Congreso está legislando a favor de la criminalidad”, advirtió la parlamentaria progresista Ruth Luque.
El decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, declaró que la reforma es “antitécnica” e “inconstitucional” y solo servirá para ocasionar un caos legislativo y para penalizar la labor de jueces y fiscales.
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