“Esta operación representa un paso fundamental en nuestra lucha contra el ingreso de fentanilo y otras drogas peligrosas a las instalaciones correccionales de Puerto Rico”, dijo Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).

Aseguró que al desmantelar esa organización e interrumpir el uso de drones para contrabandear drogas en las prisiones, “no solo estamos responsabilizando a los criminales, sino que también estamos salvando vidas” mediante la colaboración entre agencias federales, estatales y locales.

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el pasado 12 de diciembre, una acusación formal contra 34 personas por conspiración para distribuir sustancias controladas dentro del sistema penitenciario puertorriqueño, además de otros delitos, incluidos cargos relacionados con cuatro muertes por sobredosis de drogas.

Entre los imputados figura el reo Jensen Medina Cardona, quien en 2019 cobró notoriedad por asesinar en la Marina de Fajardo (oriente) a Arellys Mercado Ríos.

Según documentos judiciales, los acusados distribuyeron fentanilo, suboxone, heroína, cocaína, marihuana y marihuana sintética dentro de las instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico.

Los miembros de la organización contrabandeaban las drogas a las cárceles utilizando vehículos aéreos no tripulados (drones) que transportaban paquetes que contenían las sustancias ilegales.

Otros métodos de contrabando incluían el uso de correo legal, visitas de familiares, corrupción/indiferencia oficial, catapultar o arrojar drogas a los patios de la prisión y esconderlas dentro de otros artículos llevados a las prisiones, por ejemplo controles remotos, alimentos y bolsas de hielo.

El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, explicó que las actividades de pandillas representan un grave riesgo de daños para las comunidades y dentro de las instituciones penitenciarias.

“Durante varios años, estos pandilleros y sus asociados distribuyeron cantidades significativas de drogas dentro del sistema penitenciario local, mediante la violencia.

Esta acusación formal es la culminación de una investigación coordinada de las fuerzas del orden federales y estatales destinada a desmantelar esta organización criminal”, agregó Muldrow.

Muchos de los arrestados este martes formaban parte de una pandilla carcelaria conocida como Grupo 31 o Los Tiburones, que estableció y mantuvo el control de la distribución de cantidades significativas de sustancias ilegales dentro de numerosas instituciones carcelarias operadas por el Departamento Correccional y Rehabilitación de Puerto Rico.

Grupo 31 estaba registrada desde 1988 en el Departamento de Estado de Puerto Rico como una entidad para promover mejor comunicación con el gobierno y atención adecuada a los reos, que incluso establecía cómo votar en las elecciones, vínculo que controlan políticos del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), aunque esto no se precisó.

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