En su primera conferencia de prensa, el funcionario reafirmó su compromiso con la optimización de los ingresos nacionales y la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, dio a conocer una serie de medidas para fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y garantizar la transparencia en la gestión estatal.

Entre las acciones precisó que realizarán controles exhaustivos a la empresa eléctrica Naturgy, las del ferrocarril, a la de comunicaciones Cable & Wireless y a Panama Ports Company.

Según Flores, a pesar de las significativas ganancias, algunas de estas empresas reportan rendimientos mínimos al Estado, afectando negativamente las finanzas públicas.

Además hizo énfasis en la revisión de contratos previos, en especial aquellos que alteraron las condiciones originalmente acordadas para beneficiar a la República.

Entre esas gestiones, cuestionó la compra directa por el Ministerio de Educación a la fundación One Laptop Per Child (OLPC), para adquirir computadoras portátiles, un monto de 241,7 millones de dólares.

“ No habrá convenios directos. Esto tiene que ser un acto público por la transparencia que el país requiere”, remarcó.

En el convenio con OLPC se incluyó un pago de 63 millones de dólares del presupuesto de la cartera educativa para 2024. Sin embargo, este acuerdo (que nunca fue aprobado por el Consejo de Gabinete, como exige la ley) no contempla servicio de mantenimiento ni provisión de piezas.

Tras conocer esta declaración, la ministra de Educación, Lucy Molinar, comunicó que habrá licitación, para lo cual los precios del convenio con OLPC serán utilizados como referencia para establecer un costo adecuado.

Sobre la falta de acceso a internet y electricidad en algunos centros docentes, Molinar destacó que la mayoría de las escuelas que recibirán las laptops cuentan con esos servicios y, para aquellas pocas que no la tienen, establecieron un acuerdo con el programa de electrificación rural.

El pasado 30 de diciembre concluyó su gestión el anterior contralor, Gerardo Solís, marcada por los cuestionamientos de la sociedad sobre la falta de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sobre los fondos del Estado, sobre todo cuando se reclamaba austeridad por la delicada situación financiera del país.

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