Más de 150 agrupaciones firmaron una carta abierta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, solicitando que se detenga la firma del contrato para el proyecto Arazatí.
La misiva expresa preocupaciones relacionadas con la legalidad, el impacto ambiental y los derechos humanos asociados a esta iniciativa, que ha generado divisiones en la opinión pública y reparos del futuro gobierno del Frente Amplio.
Nahir Curbelo, vocera del colectivo “Nodo Acá el Neptuno No”, subrayó al medio La R la oposición por su presunta inconstitucionalidad.
Según Curbelo, “el artículo 47 de la Constitución establece que el acceso al agua es un derecho humano y debe gestionarse exclusivamente por el Estado”.
Afirmó que el plan “delega la gestión del agua a un consorcio privado, lo cual viola principios fundamentales de nuestra Constitución”.
Además, señaló que la inversión de 900 millones de dólares comprometida para la ejecución del proyecto generará una deuda significativa para el país durante 20 años, con costos que podrían aumentar debido a los intereses.
“Es un gasto injustificable para un país que ya enfrenta desafíos económicos. No podemos permitir que el acceso al agua quede supeditado a intereses privados y de lucro”, apuntó.
“Se está decidiendo a espaldas de la población, sin un debate serio ni consulta a las comunidades afectadas. Esto no solo es antidemocrático, sino que también demuestra la falta de transparencia del gobierno”, añadió.
La carta abierta advierte que utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua potable es altamente riesgoso por sus niveles de contaminación, variaciones en la salinidad y la presencia de cianobacterias.
“No solo se pone en peligro la seguridad hídrica de la población, sino que también se compromete la salud pública debido a las dificultades en la potabilización del agua”, señala en el documento.
El Proyecto Arazatí consiste en la construcción de una toma de agua en el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una reserva de agua y una tubería que llevará el agua tratada hasta Montevideo.
La intención del actual gobierno de firmar el contrato está en contradicción con posturas que defiende el equipo del presidente electo Yamandú Orsi, por lo cual es un tema de discusión en el actual proceso de transición.
oda/ool