La compañía opera los puertos de Balboa y San Cristóbal, en la entrada del canal por el Pacífico y el Atlántico, respectivamente
Según Flores, PPC justificó el incumplimiento alegando un pago anticipado de 35 millones de dólares, que fue desembolsado durante el gobierno del expresidente Laurentino (2019-2024), pero sin información sobre su destino.
“Tienen tres años en cero”, dijo Flores, quien ya ordenó una auditoría forense “severa” para examinar toda la relación contractual con la empresa desde sus inicios.
En su contrato original, pactado en 1997, PPC se comprometió a pagar una anualidad fija de 22.2 millones de dólares por 25 años, más un monto variable correspondiente al 10 por ciento de la entrada bruta de todas las actividades que realice en los dos puertos concesionados, trascendió. La compañía nunca cumplió con el pago de la anualidad fija. Entre 1997 y 2001, pagó entre 22 y 25 millones de dólares anuales, según el funcionario.
Eventualmente, fue eliminada en 2002, desde que el ministro de Comercio e Industrias de aquella época, Joaquín Jácome, emitió una resolución en la que unilateralmente modificó los términos del Contrato Ley 5 del 16 de enero de 1997 y la anualidad fija desapareció.
A partir de 2022, la concesión de PPC fue renovada por 25 años más, por la vía de una simple adenda al contrato ley.
El contralor señaló que la ausencia de pagos afecta la ejecución del presupuesto general del Estado y anunció que propondrá modificaciones al Contrato Ley 5, para lo que pedirá la ayuda del Ejecutivo y la Asamblea Nacional (AN).
“Para que tenga una idea, el año pasado se presupuestó para el 2025 que todas estas empresas mixtas iban a arrojar 150 millones de dólares y ahora son 48 millones. Entonces, malamente podemos nosotros llevar ese indicador si estamos presupuestando ingresos que no van a entrar”, recalcó.
Además, confirmó su participación en la próxima reunión de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), prevista para mañana, cuando abordará el tema de las tarifas portuarias.
La auditoría se da en momentos de tensiones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con retomar el control del Canal de Panamá, incluso con el uso de la fuerza, argumentando que China está operando la vía interoceánica.
Por su parte, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, respondió señalando que el canal «es y seguirá siendo de Panamá» y negó que haya interferencia extranjera en la administración de la ruta fluvial, cuyos dos mayores usuarios son Estados Unidos y China.
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