El grupo de ambientalistas y luchadores sociales de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, fue absuelto por un Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, tras un dilatado proceso en el que los fiscales fracasaron en obtener las pruebas para sustentar el caso.
Posterior a esto y ante una apelación de la FGR, una Cámara de lo Penal de Cojutepeque revirtió la decisión de absolver a los ocho procesados.
“La resolución de lo que dice la Cámara es que procede a anular la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, debido a que ese tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso, que es sobre la existencia del delito y la probable participación de los acusados”, dijo el abogado defensor Pedro Cruz.
El expediente alcanzó relevancia nacional y cruzó las fronteras del país pues supuestamente el gobierno busca una sentencia condenatoria para acallar la oposición al restablecimiento de la minoría metálica en el país, una propuesta lanzada por el presidente Nayib Bukele y aprobada por el Parlamento.
El juicio deberá repetirse, pero ahora será en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, según indicó la Cámara Penal de Cojutepeque.
Los acusados se encuentran en libertad mientras esperan por el nuevo proceso, mientras pobladores de Santa Marta denunciaron en días recientes una acentuada presencia militar en la zona y su temor a que se produzcan nuevos arrestos de activistas y pobladores.
El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando seis de los acusados fueron detenidos en el cantón Santa Marta y Guacotecti, en Cabañas.
La Comunidad Santa Marta defiende que sus líderes ambientalistas son inocentes y que se trata de un caso político. Sobre este proceso, la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, aseguró que cobró aún más importancia tras la eliminación de la prohibición de la minería metálica en El Salvador a solicitud de Bukele.
«Nosotros no confiamos en lo que pueda pasar», dijo Peter Nataren, miembro de Ades Santa Marta, testigo de una persecución judicial durante 20 meses contra el activismo ambiental.
Relacionado con el proceso aumentan las protestas “El Salvador es mejor sin minería”, mientras comunidades organizadas expresan rotundo rechazo a la nueva fiebre de oro, según una reseña del diario Voces.
En este escenario y con vinculación al proceso, el presidente Bukele respondió a críticas de la Iglesia Católica sobre la minería y sus intentos de recolectar un millón de firmas para revertir la ley aprobada en diciembre 2024.
Los ambientalistas de Santa Marta, según pruebas presentadas por la defensa, son perseguidos por su defensa del medio ambiente y convertirse en bandera de la oposición a los planes gubernamentales.
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