El pedido, según el Ministerio Público, es usual y se justifica debido a que, tras resistirse a dar su teléfono móvil a la fiscal, que lo investiga, el ministro lo entregó finalmente vacío, sin información alguna.

Espinoza investiga a Santiváñez por presunto abuso de autoridad contra un oficial de Policía que a su vez denunció que el ministro le dijo confidencialmente que la presidenta Dina Boluarte lo designó con la misión de desactivar la unidad anticorrupción de la Fiscalía.

El ministro afirmó hoy que la denuncia contra la fiscal es solo la primera, pues tiene otras tres en preparación.

Diversos medios de prensa y sectores políticos y sociales demandan el retiro de Santiváñez del cargo y argumentan que ha fracasado en la lucha contra el desborde de la criminalidad y la presidenta Boluarte lo defiende pese a ello.

De otro lado, el polémico Santiváñez recibió un nuevo cuestionamiento al señalarlo como responsable de la millonaria compra de fusiles israelíes, usando para ello una norma impugnada por la Contraloría.

El periodista de investigación Ángel Páez, especializado en asuntos militares y policiales, precisó que Santiváñez compró sin licitación siete mil 323 fusiles Arad 7 de la empresa Industria de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), por aproximadamente 27 millones 300 mil dólares.

La compra, según el informe, se realizó sin licitación en virtud de una ley que obliga a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a comprar los fusiles israelíes directamente mediante la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), porque tiene un convenio con IWI para ensamblar aquí el armamento

Según Páez, la citada ley es cuestionada por la Contraloría General, porque es utilizada para evitar la convocatoria a licitaciones, concursos de precios y otros procedimientos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

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