De acuerdo con un informe de la institución, suscrito por su titular Anel Flores, la medida responde a las estrategias de austeridad y control del gasto adoptadas por el Gobierno.

El documento precisa que, a partir del próximo lunes, las entidades públicas deberán abstenerse de ejecutar acciones de incremento de personal en la plantilla estatal, con el objetivo de garantizar un uso eficiente de los recursos y priorizar las necesidades ciudadanas.

La disposición excluye a los Ministerios de Salud, Educación y aquellas instituciones amparadas en leyes especiales, cuyas acciones de personal seguirán su curso normal.

La Contraloría destacó que la estabilidad financiera del país depende de una gestión transparente y responsable de los fondos públicos.

Recientemente la misma fuente publicó que solo hasta noviembre pasado huno un aumento de casi cuatro mil funcionarios, en comparación con los datos del mes anterior para un total de 263 mil 855 trabajadores.

Los recién nombrados funcionarios ingresaron sobre todo a los ministerios de Salud, Presidencia y Seguridad Pública, también a la Asamblea Nacional(parlamento), Universidad Especializada de Las Américas y la Procuraduría General de la Nación.

Según la Contraloría, el Legislativo pasó de tener cuatro mil 236 empleados permanentes y eventuales en octubre a cuatro mil 936 en noviembre, un aumento de 700 empleados y se convirtió en la nómina estatal que más creció durante ese período, seguida por el Ministerio de Seguridad, que agregó 590 trabajadores, alcanzando un total de 32 mil 690 funcionarios.

En noviembre la Asamblea pagó 9,1 millones de dólares en salarios, superando los 7,7 millones de dólares de octubre, precisó la entidad fiscalizadora.

El abultado tamaño y costo del aparato estatal fue una de las razones por las cuales la calificadora de riesgo Fitch Ratings le retiró el grado de inversión a Panamá en marzo de 2024, ya que el incremento no se correspondía con la caída en los ingresos corrientes.

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