En un encuentro encabezado por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, se abrió la vía de solución a una situación que había generado tensiones entre ambas instituciones durante las últimas semanas.

De acuerdo con el informe oficial, Flores manifestó su disposición de dejar sin efecto la medida aplicada a los funcionarios y proceder con el pago retroactivo de los salarios pendientes.

La regularización, sin embargo, podría tomar algunos días debido a los trámites administrativos correspondientes.

La controversia surgió el pasado mes después de que funcionarios del parlamento, principalmente vinculados a despachos de diputados de la bancada independiente Vamos, dejaran de recibir sus remuneraciones.

En algunos casos, los trabajadores aparecían bajo la figura de “licencia sin sueldo”, aunque desde la Asamblea se ha señalado que no existían solicitudes formales de los funcionarios para acogerse a esa condición.

La Contraloría había sustentado la medida en una revisión sobre el cumplimiento de horarios y los mecanismos de asistencia del personal legislativo.

El tema abrió un debate sobre los controles internos del legislativo y los procedimientos utilizados para verificar la presencia de los funcionarios en sus puestos de trabajo.

Tras la reunión, Herrera destacó la importancia del diálogo institucional para atender diferencias entre órganos del Estado.

Uno de los puntos que seguirá bajo evaluación es el sistema de registro de asistencia de los diputados al pleno, el que según Herrera, desde julio próximo corresponderá a los jefes de bancada y a la nueva junta directiva definir los parámetros que deberán aplicarse en adelante.

El Reglamento de Administración de Recursos del primer órgano del Estado establece que la asistencia del personal puede registrarse mediante reloj, lista u otro mecanismo que permita verificar las horas de entrada y salida.

Herrera ha sostenido que la normativa vigente no impone un único formato obligatorio para todos los casos.

Además, subrayó la necesidad de mantener una comunicación más directa entre la Asamblea y la Contraloría, no solo para resolver el tema de los salarios retenidos, sino también para atender otros asuntos administrativos relacionados con el funcionamiento del legislativo.

Sobre este conflicto, medios de prensa como Radio Panamá recuerdan que todos los funcionarios anteriormente afectados trabajan en despachos de diputados de Vamos, la bancada opositora más grande del hemiciclo.

La coincidencia que encendió el conflicto es que familiares del contralor Flores son propietarios de un ingenio azucarero, y Vamos ha sido una de las voces más críticas frente al proyecto de ley que promueve el uso obligatorio del etanol anhidro, producto directamente vinculado a esa industria, para mezclar con los combustibles.

A juicio de varios legisladores por libre postulación, es la primera vez que la Contraloría suspende salarios y atribuye licencias sin sueldo sin consultar a la institución nominadora y sin notificar a los propios afectados.

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