Un vocero de la agrupación que reúne a varios sectores sociales y sindicatos, Sául Méndez, precisó que en medio de tensiones en el país por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazada en manifestaciones populares, los diputados de la comisión de Salud y Trabajo aprobaron la iniciativa en primer debate y entregaron al pleno ese texto para su posterior discusión mañana.

Con ese proyecto presentado por el Gobierno, dijo el también secretario general del sindicato de los constructores, se pretende robar los recursos de los asegurados, del pueblo, para entregarlo a la empresa privada, los bancos y las administradoras de fondos de pensiones, y eso es inadmisible.

Aunque hemos presentado nuestra propuesta a la comisión, agregó, la lucha en defensa de la soberanía y la justicia social se mantendrá en las calles, que son las que mandan, aseveró en relación con el anuncio de nuevas marchas en la capital el 12 y 20 de febrero próximos y concentraciones en las inmediaciones del Legislativo para exigir que la ley sobre seguridad social sea retirada del pleno.

El pasado viernes, la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó en primer debate el paquete de reformas a la Ley orgánica de la CSS (51) que entregará para las deliberaciones de los 71 diputados que integran el Parlamento, a partir del lunes próximo.

Según el legislador Miguel Ángel Campos, de la bancada independiente Vamos y quien fungió como secretario de la comisión, se mantiene la edad de jubilación (62 años para los hombres y 57 para las mujeres).

El documento inicial que presentó el Ejecutivo planteaba elevar la edad de retiro de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, una medida que generó un intenso debate en diversos sectores.

En cuanto a la administración de fondos, se acordó que la CSS manejará sus propios recursos, sin embargo, podrá delegar su ejecución al Banco Nacional o a la Caja de Ahorros.

También se permitirá invertir un pequeño porcentaje en el extranjero si los rendimientos locales no son suficientes, a lo que se oponen con fuerza los colectivos.

El proyecto se discutió por bloques, el cuarto y último bloque abarcó lo concerniente a los aportes estatales al Fondo General de Reserva, fundamentales para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, entre otros temas.

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