La defensa del imputado afirmó que probaría que su cliente no incurrió en los delitos de los que se le acusan y que, en cambio, el exjefe de Estado habría sido víctima de un engaño por parte de su anterior abogado, Diego Cadena.

Este último supuestamente habría sobornado y prometido prebendas a exparamilitares para que ayudaran a Uribe a levantar falso testimonio contra el senador Iván Cepeda.

También la defensa manifestó su intención de revelar que una grabación admitida como prueba en el juicio no es auténtica y está manipulada.

El expresidente, por su parte, hizo uso de su derecho a la palabra y en una especie de alegato que duró más de una hora, refirió que no sobornó ni mandó a sobornar testigos

“En este juicio probaremos que su origen ha sido un proceso político, que su objetivo principal no es -como quedó claro en las palabras de la Fiscalía- desacreditar al senador Cepeda”, sostuvo.

También la defensa presentó una recusación contra la jueza encargada el caso, Sandra Heredia, aduciendo parcialidad por parte de la magistrada.

En tanto, la bancada de víctimas en el proceso contra Uribe solicitó observación internacional, para lo cual recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, y a organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente.

“Como es de conocimiento público, en esta actuación procesal, el acusado y su círculo político más cercano han emprendido una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso”, reza el comunicado.

Añadió el documento que el procesado y sus abogados “han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal”, lo cual ocurriría en octubre venidero.

Si bien la génesis del proceso contra Uribe data de hace más de una década, no fue hasta enero del pasado año que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, reabrió el caso y afirmó que existían suficientes elementos para imputarlo por los cargos de soborno a testigos y fraude procesal.

Al tomar en cuenta las pruebas, la Fiscalía acusó al exjefe de Estado y consideró que contó con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, quienes lo ayudaron a idean medios probatorios para dar cuenta de hechos o situaciones confusas que no se correspondían a la realidad y en detrimento de la integridad moral del senador Cepeda.

El juicio penal a Uribe es el primero de su tipo que tiene lugar en Colombia contra un exgobernante.

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