El director de la entidad, Jaime Santiago, realizó esta recomendación tras meses de análisis del caso, que incluye una amenaza de muerte al actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

Durante una entrevista en la emisora filipina Super Radyo dzBB, Santiago reveló este miércoles que la agencia de investigación ha llamado a declarar a Duterte en varias ocasiones para que explique sus expresiones, pero por recomendación de los abogados la vicepresidenta se niega a comparecer.

La vicemandataria rechazó la semana pasada la idea de renunciar, luego de que el Senado programara el inicio de un juicio político en su contra para junio.

Debido a acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados de inteligencia, la Cámara de Representantes de Filipinas recién aprobó una moción de destitución del cargo, sin embargo, el Legislativo no tomará ninguna decisión hasta el reinicio de sus sesiones, el 2 de junio próximo.

En junio de 2024, Duterte era titular del Departamento de Educación y se vio forzada a dimitir en medio de acusaciones de uso de forma indebida de 254 millones de pesos, equivalentes a unos 4,3 millones de dólares, procedentes de los fondos confidenciales de esa entidad estatal.

Casi medio año después, en diciembre, su afirmación de haber dado órdenes de matar al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., si ella misma era asesinada, desató gran polémica y fue tomada como una amenaza por el máximo gobernante filipino.

De progresar el juicio político contra Duterte, la funcionaria sería expulsada del puesto de vicepresidenta de la nación.

Además, quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo cual le impediría presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.

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