El documento responde a la determinación del Supremo Tribunal Federal (STF) que, en octubre de 2023, reconoció la violación de derechos fundamentales de la población carcelaria.
La corte dictaminó que hay violaciones de los derechos de los presos y ordenó a los gobiernos que elaboraran un plan de intervención en el sistema penitenciario.
Ante los hechos, los ministros establecieron que los gobiernos estaduales y federales deben desarrollar planes para abordar los problemas en el sistema penitenciario.
Se determinó, además, que la Unión elaborara un proyecto nacional de intervención en el sistema penitenciario, con plazo de seis meses para su presentación y tres años para su ejecución.
Durante el evento de este miércoles, se firmarán varios acuerdos para la ejecución y el monitoreo de la iniciativa.
También habrá el lanzamiento de Empleo 347, un conjunto de acciones de pena justa que busca garantizar ocupación para el ciento por ciento de las personas detenidas, además de la presentación de un sello conmemorativo en asociación con los correos.
Pena Justa fue montado a lo largo de 2024 por el Consejo Nacional de Justicia y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y está dividido en cuatro ejes de actuación.
El primer eje aborda el control de los puestos vacantes en el sistema penitenciario y estrategias para reducir la superpoblación.
Un segundo se centra en la estructura de las cárceles y en garantizar condiciones básicas para la supervivencia de los detenidos, incluyendo saneamiento, higiene y alimentación, además de estrategias para ofrecer trabajo y educación a más de 600.000 personas presas en el país.
El tercero prevé acciones para apoyar la reintegración de personas egresas del sistema penitenciario, promoviendo la pertenencia y ayudando a romper ciclos de violencia, además de reducir la reincidencia.
Un cuarto y último eje presenta medidas para que cese el llamado estado de cosas inconstitucional (cuando una situación de violación generalizada de derechos fundamentales persiste por mucho tiempo sin que haya medidas para resolverlo).
Brasil tenía en enero de 2024 un total de mil 384 centros penitenciarios. La gestión de estos centros se hace de varias formas, incluyendo pública, cogestión, público-privado y en asociación con organizaciones sin fines de lucro.
El gigante sudamericano registra la tercera mayor población carcelaria (cerca de 640 mil personas) del mundo. Su sistema penitenciario enfrenta problemas como hacinamiento, mala calidad de las instalaciones, atención deficiente en la salud y fallas en los programas de resocialización.
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