El texto manifestó que esta acción “pretende difundir una falsa narrativa hostil y malintencionada sobre un supuesto ataque contra tropas guyanesas” y rechazó de manera categórica “el vil montaje” de las autoridades del vecino país.

“Se trata, subrayó, de una operación de falsa bandera y una noticia falsa (fake news) diseñada para manipular a la opinión pública y desviar la atención de las violaciones al derecho internacional que Guyana comete en la Guayana Esequiba”.

La nota comentó que la República Bolivariana se encuentra investigando los hechos y, los primeros elementos recabados, apuntan a que elementos vinculados a la minería ilegal, que operan en la Guayana Esequiba bajo el amparo del ejército y la policía de Guyana, fueron atacados y resultaron heridos.

Indicó que estos ciudadanos en la actualidad “están recibiendo atención médica en territorio venezolano”.

Venezuela declaró que el Gobierno de Guyana, “en su afán de encubrir sus acciones ilegales en el territorio en controversia, recurre a la desinformación y la propaganda belicista para justificar su creciente militarización”, respaldada por el Comando Sur de Estados Unidos, que constituye una amenaza a la paz regional.

El Ejecutivo bolivariano exigió al canciller guyanés que “cese sus agresiones y mentiras y que, en lugar de fomentar la confrontación, cumpla con su obligación bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece como única vía la negociación directa entre las partes para la resolución de la controversia territorial”.

Reafirmó asimismo su firme compromiso con la paz y con la restitución de sus derechos soberanos sobre la Guayana Esequiba, en estricto apego al derecho internacional y a la verdad histórica.

Al cumplirse ayer 59 años de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, el Gobierno bolivariano reafirmó en un comunicado su plena vigencia y lo ratificó como único instrumento válido para resolver la disputa histórica con Guyana por ese espacio territorial de 160 mil kilómetros cuadrados.

La nota oficial señaló que ese tratado internacional, debidamente depositado en la Organización de Naciones Unidas, “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899”.

Denunció que el Gobierno guyanés “persiste en su obcecado interés de poner en riesgo la tranquilidad y paz de la región latinoamericana y caribeña, en abierta complicidad con factores externos”, que incluye la instalación de bases militares del Comando Sur de Estados Unidos en el territorio Esequibo.

Georgetown considera el Laudo Arbitral de París de 1899, que Caracas califica “nulo e írrito”, como mecanismo legal para mantener su postura sobre la Guayana Esequiba y presentó un recurso legal ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo proceso legal aún está en marcha y su contraparte rechaza.

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