El cotidiano Ultima Hora citó la publicación que menciona como la capacidad vigente en las 20 cárceles habilitadas en todo el país es para poco más de 10 mil internos, mientras que la población recluida alcanza casi los 19 mil privados de libertad.

La falta de infraestructura adecuada y de recursos, son, según el estudio, las causas fundamentales que impiden una adecuada reinserción y muestran carencias al respeto de los derechos humanos de las personas en prisión, incluida la alimentación.

El reporte narra como la sobrepoblación hace que numerosos reclusos cumplan su sentencia en “extrema miseria”, durmiendo en el suelo, en muchos casos sin colchones, lo que agrava sus condiciones de vida, e impide la más elemental higiene.

La organización autora del anuario reveló otro elemento notable de la crisis, el “abuso de la prisión preventiva por parte de la justicia”, pues el 57 por ciento de la población carcelaria se encuentra en esta situación y solo el 34 por ciento posee condena.

El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, del Ministerio de Justicia, admitió la situación y mencionó que como medida inmediata se solicitó el cierre de algunos de los centros de reclusión, y se evalúan acciones para acelerar los procesos penales.

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