El sondeo se difundió cuando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informaba a una comisión parlamentaria sobre capturas y otras operaciones realizadas en lo que va del año.

Al mismo tiempo, la presidenta Dina Boluarte instalaba una unidad de oficiales abogados creada para defender a colegas acusados de delitos cometidos durante operaciones.

La encuesta de la empresa Ipsos consigna a Boluarte como principal responsable del aumento de la criminalidad, con 56 por ciento; seguida por el Congreso afín al Ejecutivo, con 46; el Ministerio del Interior, con 29, y la falta de liderazgo gubernamental (26).

Más abajo figuran la crisis económica (22), la falta de valores en la sociedad (21), la insuficiencia de recursos para combatir el crimen (19 por ciento), el elevado número de inmigrantes llegados al país (18) y la influencia del crimen organizado transnacional (12).

Las dos últimas menciones contradicen a campañas mediáticas que atribuyen la grave situación de la crisis de inseguridad ciudadana a inmigrantes y a organizaciones criminales extranjeras.

La confianza de la población en las instituciones involucradas en el tema es mínima, según el sondeo, el cual indica que 83 por ciento desconfían del Parlamento, 78 por ciento del Ministerio Público, 77 por ciento del Poder Judicial, 75 por ciento de los municipios y 72 del sistema penitenciario.

La consulta preguntó también, con opciones de respuesta cerrada, qué tipo de Estado quisieran los encuestados ante el problema, y 62 por ciento respondieron que prefieren uno que sea muy duro contra el delito aunque haya víctimas inocentes.

Sobre lo mismo, 27 por ciento se inclinaron por un Estado que proteja los derechos humanos aún a costa de que algunos culpables queden impunes.

Otro resultado de la encuesta indica que la gran mayoría de los encuestados, de ser víctimas de un delito, no lo denunciarían porque, en primer lugar, asumen que la Policía no lo tomará en serio, por temor a los delincuentes o a la corrupción policial.

Entretanto, el parlamentario Jaime Quito informó que solo faltan tres firmas de legisladores para pedir la interpelación congresal al ministro del Interior, quien está enzarzado en denuncias judicales contra los fiscales que lo investigan por presuntas ilegalidades.

rc/mrs