En el Legislativo, los representantes de pueblos originarios entregaron un memorial en el cual tildaron de abuso de poder y falta de sensibilidad la decisión adoptada ante la difícil situación económica que enfrenta la mayoría de los habitantes de esta nación.

El incremento en los ingresos de los parlamentarios es una decisión injustificada en un país donde miles de personas luchan diariamente por acceder a servicios básicos como educación, salud y empleo digno, expresaron.

Los líderes indígenas se reunieron luego con el presidente del Parlamento, Nery Ramos, a quien trasmitieron su oposición, según reflejaron medios locales de prensa.

El encuentro se produjo un día después de una movilización en las afueras del Hemiciclo, donde organizaciones de la sociedad civil trasmitieron su malestar con el proceder.

Ante este contexto, de acuerdo con analistas políticos, prevalece la incertidumbre en cuanto a si el Congreso cederá a la presión social o mantendrá el incremento de sueldos.

También esperan por la Corte Constitucional, que admitió para su trámite el amparo presentado por el excandidato presidencial Armando Castillo en contra de la Junta Directiva del Legislativo.

El alto tribunal exigió que envíen los antecedentes por posibles irregularidades en el proceso de aprobación de la subida salarial de 29 mil 150 quetzales (casi tres mil 800 dólares) a 51 mil 939 (cerca de siete mil dólares).

Hace seis días los Cantones de Totonicapán advirtieron mediante un comunicado de medidas si el Parlamento no veta por completo el alza salarial.

Estimaron que esa subida debería destinarse a diversas áreas que son realmente prioridad como la salud, educación, infraestructura y el apoyo a los grupos más vulnerables de la población.

Negaron que sea propicio llenar más el bolsillo de funcionarios públicos que lo que menos hacen es velar por el bienestar de los guatemaltecos.

Los indígenas de Totonicapán emergieron durante octubre de 2023 como líderes de bloqueos en vías de Guatemala y mantuvieron por más de 100 días consecutivos una protesta frente al Ministerio Público.

El llamado Levantamiento de los bastones se enfocó en defensa de los resultados electorales que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia de la nación y en exigir la dimisión de la fiscal general Consuelo Porras.

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