“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento”, recalcó el alto diplomático en Telegram, y denunció que esos actos fueron perpetrados por autoridades del país norteño y El Salvador, en complicidad con la ultraderecha local.

Gil señaló que la legislación estadounidense busca justificar la criminalización, el secuestro y la tortura de migrantes.

Aseguró que el gobierno bolivariano “no dejará de trabajar hasta tener a cada migrante en lugar seguro de vuelta a la patria”.

La AAJ calificó este martes en un comunicado como una violación abierta del Derecho Internacional Público (DIP) la aplicación contra migrantes venezolanos de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798, por parte del gobierno de Estados Unidos.

Con la invocación de la vetusta normativa fueron violados “abiertamente los principios fundamentales contenidos en Pactos, Acuerdos, Cartas y Convenios suscritos por las naciones y resguardados por el DIP”, subrayó.

Consideró la imposición de esta ley es “violatoria de los derechos humanos contra migrantes venezolanos por el gobierno de Estados Unidos”.

«La aplicación de esta aberrante y anacrónica Ley, no es más que la expresión práctica del derecho penal del enemigo, principio nazifascista que justificó la persecución y exterminio de millones de personas durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI», afirmó.

Indicó que con ello se pretende criminalizar, sin el debido proceso judicial y administrativo, a miles de venezolanos migrantes en dicho país, “sometiéndolos a actos vejatorios a su condición humana, para posteriormente comercializarlos y trasladarlos como mercancías no deseables a El Salvador, cuyo gobierno admite haber hecho un buen negocio con Estados Unidos”.

Los venezolanos residentes en la nación norteña, “son víctimas de una migración auspiciada por ese mismo país”, al imponer contra Venezuela, desde hace más de veinte años y afirmada desde el 2015, el Decreto Ejecutivo del presidente (Barack) Obama.

Los Asociación apuntó que esa decisión declaró al hermano país como una «amenaza inusual y extraordinaria», que derivó en la implementación de múltiples e ilegales medidas paraarancelarias y más de 950 medidas coercitivas unilaterales, “con el único objetivo de conseguir el cambio violento del gobierno que democráticamente han elegido los venezolanos”.

Finalmente rechazó en forma contundente estas medidas que generaron terror e indignación en otras comunidades latinas en Estados Unidos, “por lo cual se está constituyendo en un crimen de lesa humanidad”.

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