En su comparecencia diaria y franqueada por ministros y altos jefes militares y policiales, la mandataria indicó que serán dadas de baja por las empresas de servicio de telefonía móvil 300 mil líneas inactivas presumiblemente en manos de delincuentes.
Agregó que serán bloqueados progresivamente hasta un millón 500 mil líneas móviles con historial de uso altamente negativo y se frenará la comercialización de 300 mil teléfonos de dudosa procedencia, alterados o clonados.
La mandataria, aseguró que no se permitirá más el uso de líneas móviles con fines delictivos, sobre todo desde las cárceles, y agregó que “estamos poniendo contra las cuerdas” a la criminalidad, dijo y
Además, advirtió a los delincuentes que “no merecen nuestra piedad y no la tendrán”.
Por su parte, el ministro del Interior, Julio Díaz, agregó que las empreesas de tekefonía móvil, hasta ahora impasibles ante las extorsiones telefónicas, compartirán información de utilidad para la lucha contra la criminalidad.
Díaz presentó el informe diari sobre allanamientos y detenciones de presuntos delincuentes, en su mayoría armados y coincidió con la presidenta en afirmar que el gobierno lucha en forma contundente contra el hampa.
El ministro Díaz asumió la semana pasada el cargo en reemplazo del controvertido Juan José Santiváñez, censurado por el Parlamento y obligado a renunciar por considerar la gran mayoría de los congresistas que había fracasado su política contra el desborde de la delincuencia.
Una reciente encuesta privada verificó que 95 por ciento de los consultados considera que el gobierno maneja muy mal (69 por ciento) o mal (26) la lucha contra la delincuencia.
En otro sondeo, 21 por ciento de los entrevistados respondieron que han sido objeto de llamadas telefónicas y amenazas de muerte de extorsionadores, siendo más afectados lo sectores socioeconómicos medios.
La encuesta preguntó además en qué medida influyen las extorsiones en sus decisiones financieras y 57 por ciento respondió que mucho, 24 contestó que algo y 16 por ciento que no.
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