El organismo estatal, responsable de administrar las prisiones, informó que cuatro reclusos murieron en la cárcel de Cotopaxi, en la ciudad andina de Latacunga, y otros cuatro en el centro penitenciario El Inca, en el norte de Quito, la capital.

El SNAI señaló que los presuntos implicados en los enfrentamientos fueron identificados y serán trasladados a la prisión de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia costera de Santa Elena.

El Bloque de Seguridad, que agrupa a las fuerzas policiales y militares, mantiene desplegados a sus efectivos en los centros penitenciarios afectados, indicó el SNAI.

En la cárcel de Cotopaxi, las autoridades suspendieron las visitas y evacuaron a las personas ajenas al recinto durante la intervención de los agentes.

En El Inca, las alertas por disparos movilizaron a las fuerzas de seguridad y luego personal de criminalística constató que los cuerpos presentaban impactos de bala y heridas de arma blanca, según reportes de medios locales.

Los enfrentamientos ocurrieron tres días después de que las autoridades iniciaran una reclasificación de nueve mil presos según su nivel de peligrosidad, una medida vinculada a la reorganización del sistema penitenciario ecuatoriano.

El ministro del Interior, John Reimberg, relacionó los amotinamientos con la detención este jueves de Luisa González, dirigente de la Revolución Ciudadana, principal movimiento político de oposición al Gobierno.

Sin aportar pruebas de una conexión entre ambos acontecimientos, el funcionario planteó en la red social X: “¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones”.

Reimberg afirmó que el Gobierno no permitirá que el crimen organizado ni sus “aliados políticos” desafíen al Estado.

En Ecuador la población penitenciaria es de poco más de 38 mil personas, según los resultados del censo difundido en junio de 2026.

Desde 2021, unos 600 reclusos han sido asesinados dentro de los centros penitenciarios en disturbios y masacres.

Además, organizaciones sociales y familiares han denunciado en los últimos tiempos las muertes bajo custodia estatal, abusos y problemas sanitarios, incluidos casos de tuberculosis, dentro de las penitenciarías.

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