Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de ese órgano de justicia transicional, los cargos se corresponden con la realización de ejecuciones extrajudiciales en siete departamentos de la Costa Caribe, donde al menos 604 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Añadió la fuente que los imputados lideraron “un ataque contra la población civil en la jurisdicción bajo su mando, en el marco de un plan criminal de asesinatos ilegales que garantizaba impunidad y distorsionaba los resultados operacionales, desencadenando de manera organizada, sistemática y a gran escala un patrón macrocriminal”.

La acusación alude a los mayores generales retirados Hernán Giraldo, Jorge Enrique Navarrete y Raúl Antonio Rodríguez, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado número dos coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería número dos La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006.

La JEP abundó que el 76 por ciento de las bajas en combate analizadas por la Sala, reportadas entre enero 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas.

De 358 eventos ilegales encontrados, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007.

En 2004, se registraron 14 casos con 24 víctimas, y las cifras aumentaron hasta llegar a su punto más alto en 2007, con 159 eventos y 257 perjudicados, lo cual puso en evidencia que que los asesinatos y desapariciones forzadas aumentaron en el periodo investigado.

En relación la caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad constató la existencia de una organización macrocriminal que se consolidó a partir de un complejo sistema tripartito, que consistía en ejercer presión para obtener bajas en combate, exigiendo resultados operacionales y sancionando a quienes no los presentaran.

También se instauró un sistema de incentivos y recompensas para quienes reportaran más muertes en combate, y hubo encubrimiento de los hechos mediante la implementación de prácticas para ocultar la ilegalidad de estas acciones y el bloqueo de la actuación de los mecanismos de control.

Determinó la JEP que el patrón macrocriminal se ejecutó bajo dos modalidades.

En la primera de ellas las víctimas fueron señaladas falsamente como integrantes o colaboradores de grupos insurgentes.

En la segunda las personas eran atraídas través de engaños y falsas promesas de dinero, también eran reclutados por militares, así como soldados y suboficiales vestidos de civil, a quienes convencían de trasladarse a lugares alejados de sus hogares para ser asesinadas.

jha/ifs