Con Comuneros del Sur, un frente separado del Ejército de Liberación Nacional con radio de acción en Nariño, en el suroeste de la nación, se firmaron con la presencia del mandatario Gustavo Petro dos acuerdos que marcan los primeros pasos para la desmovilización de esa estructura insurgente.

El primero de ellos, el número seis, reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en la región.

También promueve el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El siete, por su parte, está orientado a la sustitución voluntaria de cinco mil hectáreas cultivos de uso ilícito en 10 municipios priorizados del departamento.

Al final del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el grupo guerrillero, como testimonio de su compromiso con las pláticas.

“Yo como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur”, exclamó.

También fue noticia en Colombia la conclusión del cuarto ciclo de Diálogos de Paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), en el sureño departamento de Putumayo.

Los puntos más importantes discutidos entre las partes versaron en torno a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el retorno de los desplazados a esa región y acerca de la elaboración de una metodología para alcanzar un pacto definitivo de paz.

Como parte de un proyecto que será concertado entre el Gobierno y las comunidades, se ratificó el compromiso de sustituir 30 mil hectáreas de coca en total, de las cuales 15 mil se ubican en Nariño y el resto en Putumayo.

El grupo armado se comprometió asimismo a no reclutar menores de 18 años, a no emplear minas antipersona, y a garantizar acceso a servicios médicos y respetar bienes civiles y sociales.

Por otra parte, se determinó la creación de una subcomisión para acompañar el retorno de familias desplazadas por los enfrentamientos ocurridos recientemente entre los Comandos de Frontera y otros grupos aún no identificados en Sucumbíos, Nariño.

Con respecto a la elaboración de una guía para un acuerdo definitivo, se decidió incorporar los alcances que se vayan logrando en las comisiones instaladas hasta la fecha que son justicia, seguridad en los territorios, transformaciones económicas y sociales.

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