Acorde con lo difundido, la iniciativa –que involucra a cualquier partido político- busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo”, explicó la dignataria.

Añadió que ayer el Ejecutivo tomó la decisión de enviarla con el propósito de que esté en vigor para el período comicial de 2027, cuando los mexicanos renovarán la Cámara de Diputados y elegirán 17 gubernaturas, así como otros cargos en congresos locales y alcaldías.

La mandataria aseveró que la propuesta está en el marco de la presunción de inocencia y se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos saber si un aspirante tiene algún antecedente, por lo que podrán o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones.

Aclaró que, de encontrarse posibles riesgos, las instituciones del Estado presentarán denuncias.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, precisó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estará integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un período de tres años por el Consejo General del INE.

Esta Comisión servirá de vínculo entre las formaciones políticas y las autoridades para recibir y consultar los nombres con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, entre otras instituciones.

Según detalló Alcalde, los partidos entregarán voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes y dicho órgano consultará a las dependencias de seguridad, que analizarán y determinarán si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”.

Agregó que quienes deseen postularse a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido correspondiente su conformidad para ser evaluados por dicho mecanismo.

La funcionaria enfatizó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.

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