La contundencia de la huelga contra las extorsiones y los asesinatos por sicarios recogió el sentir mayoritario de la población que, según diversas encuestas, compartió la demande de los transportistas de soluciones que acaben con el desborde de la criminalidad.

La respuesta inicial de la presidenta Dina Boluarte y del primer ministro Gustavo Adrianzén, fue sostener que medidas como el paro no contribuyen a resolver el problema, a lo que el conocido periodista Jimmy Chinchay apuntó que este había logrado reunir con presteza a los poderes del Estado y los transportistas a tratar el espinoso tema.

Al día siguiente del paro del 10 de abril, dirigentes de los gremios de transportistas y de las empresas del sector, junto a los ministros del Interior, Defensa y Transportes y Comunicaciones, se reunieron durante más de cinco horas y firmaron un acta que consigna 11 puntos o compromisos.

El diálogo registró un tenso intercambio entre el ministro de Defensa, Walter Astudillo, un militar jubilado, y el dirigente transportista Martín Valeriano, cuando el primero dijo que pareciera que se estaría usando el problema de la inseguridad con fines electorales.

El líder más notorio del movimiento le respondió, con cortés firmeza, que ninguno de los presentes actuaba por motivaciones electorales, pues “aquí estamos en defensa de la vida”, según dijo.

Valeriano, quien había anunciado que el próximo paso sería un paro de nivel nacional, precisó que el acta indica que habrá una reunión en 30 días para verificar el nivel de cumplimiento de ese documento.

Añadió que los representantes del Gobierno se comprometieron a redoblar esfuerzos contra los delincuentes e intensificar la vigilancia y la inteligencia operativa, esto último reclamado también por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En lo que va del año los sicarios han dado muerte a cerca de 20 transportistas, solo una parte de las 590 muertes registradas desde el inicio de 2025 hasta el 21 de marzo último, según cifras oficiales.

El ministro del Interior, Julio Díaz, recientemente nombrado, anunció en el diálogo que agentes encubiertos han comenzado a viajar en los autobuses de las rutas con mayor flujo de pasajeros y anunció compras de patrullas y motocicletas para la Policía y el refuerzo de la tecnología.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, reiteró el pedido de fondos para establecer juzgados para delincuentes capturados en flagrancia y calificó la reunión como positiva para la seguridad ciudadana.

El mismo día del diálogo, el pleno del Congreso aprobó diversas normas sobre seguridad, como la declaración de emergencia en la Policía Nacional, lo cual hará más ágiles las adquisiciones proyectadas.

Entre esas medidas, aprobó una ley que modifica la legislación de extinción de dominio, que permite incautar o inmovilizar fondos y propiedades de organizaciones criminales y corruptos, por su presunto origen ilícito, entre otros fines para que no usen esa riqueza para maniobrar contra sus procesos.

El cambio limita las incautaciones solo después de que los poseedores sean condenados en última instancia -lo que puede tomar años, facilitando que pongan en manos de terceros su patrimonio- por lo cual, de inmediato, el Ministerio de Justicia pidió al Congreso que revise su decisión en la medida que afecta al combate a la criminalidad.

La medida ignoró las advertencias similares del Poder Judicial y el Ministerio Público y se sumó a otras normas polémicas, como la reducción de las características establecidas para definir a las organizaciones criminales y del tiempo que debe transcurrir para la prescripción de delitos.

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