En una declaración pública, la AAJ, una organización con representación permanente ante Naciones Unidas, ratificó su postura de exigir “el restablecimiento inmediato del orden constitucional, el estado de derecho, y el respeto a los principios democráticos en Ecuador”.

Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el mandatario-candidato Daniel Noboa se impuso en la segunda vuelta de los comicios con más de 10 puntos de ventaja sobre Luisa González, de la Revolución Ciudadana.

Con el 99,29 por ciento de actas escrutadas válidas, Noboa cuenta con el 55,6 por ciento de los votos, frente al 44,4 alcanzado por su rival.

La AAJ señaló que “el proceso electoral ecuatoriano estuvo viciado desde antes de la primera vuelta”, pues el gobernante no pidió licencia sin remuneración, como lo exige el artículo 93 del Código de la Democracia para funcionarios públicos en busca de la reelección.

En cambio, “utilizó su posición presidencial para intervenir activamente en la campaña, abusando de recursos públicos y permitiendo la participación abierta de ministros de Estado en actos proselitistas”.

A esto se suma la “violación del silencio electoral” y la “propaganda con la utilización de menores de edad”, lo cual, según recordó la AAJ, está prohibido expresamente por la legislación ecuatoriana.

Para la organización, estos hechos configuran “infracciones de carácter electoral y penal, que deben ser investigadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Contraloría General del Estado.

Durante la jornada electoral del 13 de abril, la AAJ también identificó “graves irregularidades”, entre ellas la existencia de actas sin la firma del presidente y secretario de mesa, cierres anticipados de puntos de votación y cambios de último momento en al menos 24 recintos electorales.

Asimismo, el colectivo denunció que “no se permitió votar a más de 10 mil ecuatorianos residentes en Venezuela, lo cual es una vulneración de sus derechos políticos.

Para la AAJ, existen “anomalías estadísticas” al comparar los resultados oficiales con las encuestas previas a la segunda vuelta y ningún estudio muestra una diferencia de más de 10 puntos, por lo cual consideran necesaria una auditoría técnica urgente y “un reconteo general de votos, bajo veeduría nacional e internacional”.

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