En una carta dirigida a la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, Espaillat manifestó el propósito de cooperar con la pesquisa que, dijo, «según la prensa, inició tras el lamentable colapso de la infraestructura donde operaba dicho establecimiento».
Expresó que la empresa jurídica Inversiones E Y L, S.R.L., propietaria del Jet Set, acogía «con seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones».
El desplome del techo del establecimiento comercial ocurrido el 8 de abril pasado provocó la muerte de al menos 231 personas y más de 200 lesionados.
La magnitud de la tragedia conmocionó a la sociedad dominicana, que pide se haga justicia.
Las investigaciones están a cargo de la Dirección de Persecución y la Fiscalía del Distrito Nacional, donde se encuentra el centro nocturno.
Al mismo tiempo, el presidente Luis Abinader dispuso un estudio con expertos nacionales e internacionales, encabezado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
El lunes pasado, Abinader aseguró que el Gobierno no va a interferir en el proceso judicial que pudiera generar la investigación.
De acuerdo con medios de prensa locales, la familia del primer teniente de la Policía Virgilio Rafael Cruz, uno de los fallecidos, presentó la primera querella penal contra los propietarios del Jet Set y la Alcaldía del Distrito Nacional, por incumplir esta última con su deber de supervisar el centro nocturno.
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