Las medidas responden a la entrega de información falsa y retrasar datos requeridos por la ministra Sandra Lazo.
Resultan sanciones derivadas de la investigación ordenada por Lazo sobre la compra directa de dos embarcaciones de patrulla militar OPV al astillero español Cardama por más de 80 millones de dólares.
La operación respondió a una orden del entonces ministro Javier García, de la anterior administración del presidente Luis Lacalle Pou.
Según Montevideo Portal, las nuevas autoridades de Defensa dispusieron la formación de un grupo que procura «tener claro el procedimiento de compra».
Alegan que en el expediente había cuestiones «que no quedaban claras y faltaban».
Según la fuente, hubo información brindada al grupo que luego se comprobó que era falsa.En otros casos la entrega de datos se retrasó.
Por ello se aplicaron faltas disciplinarias «con arresto a rigor».
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