Mediante un comunicado, la organización ancestral subrayó los supuestos delitos de terrorismo y obstaculización de la acción penal señalados por el Ministerio Público (MP) en relación con las protestas de 2023 en respaldo de los resultados de las elecciones.

Denunciamos categóricamente el uso indebido de la justicia para amedrentar, silenciar y judicializar la labor de quienes, en ejercicio de sus derechos fundamentales, alzan su voz en defensa de la vida, la tierra, los recursos naturales y la autonomía comunitaria, añadió.

Estos actos de criminalización representan una grave amenaza para el tejido social, la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, ampliaron los Cantones.

Buscan –remarcaron- infundir miedo y desarticular la organización comunitaria, al debilitar la capacidad de los pueblos originarios para proteger sus derechos ancestrales y su forma de vida.

Repudiaron la criminalización arbitraria impulsada por el MP, en unión con otros actores del Organismo Judicial, contra aquellos que actuaron con dignidad y responsabilidad, al cumplir con el mandado legítimo de sus pueblos.

Exigieron el cese de esta persecución política y judicial, mientras responsabilizaron al MP y los jueces que llevaron el caso por lo que les pase a las exautoridades detenidas (además el extesorero de esa organización Héctor Chaclán).

No aceptaremos más atropellos, ni el socavamiento de la democracia y de las formas de organización comunitaria, por lo que tomaremos las medidas necesarias consultadas previamente con el Consejo de Alcaldes, advirtieron.

Instaron a estar alertas a todas las arbitrariedades cometidas por el Organismo de Justicia y demandar donde corresponda la persecución política que actualmente sufren los pueblos indígenas en Guatemala.

El próximo lunes el presidente de la nación, Bernardo Arévalo, visitará Totonicapán para intercambiar posibles medidas que lleven a la excarcelación de los detenidos.

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