Mediante un comunicado, la entidad denunció que el país enfrenta un deterioro acelerado en su sistema penal, lo cual favorece la impunidad para ciertos grupos de poder, mientras se persigue a quienes luchan por la equidad.

Reprobó además la vulneración de los derechos de los pueblos maya, xinka y garífuna/afrodescendientes, así como los actos de racismo, discriminación estructural e incitación a la violencia en redes sociales.

Exhortó a los pueblos indígenas y a la ciudadanía a mantenerse unidos ante las amenazas del Pacto de Corruptos, a no caer en provocaciones y a defender la nación heredada “de nuestros abuelos, padres e hijos”.

Estudiantes organizados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) señalaron, por su parte, la complicidad del Estado y el sector privado con la persecución política contra el expresidente de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán Luis Pacheco.

El MP detuvo el pasado miércoles a esta figura, quien encabezara las protestas de 2023 en defensa de los resultados electorales, así como al extesorero de esa organización ancestral Héctor Manuel Chaclán.

Ante la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción, el racismo estructural y la criminalización de la protesta, los estudiantes de la USAC exigieron la liberación inmediata de ambos.

«Hacemos un llamado a la organización popular para construir un proyecto político que represente a las y los oprimidos. La unión será nuestra fuerza», expresaron.

El Consejo maya k’iche’ de Quetzaltenango consideró que la captura de Pacheco, quien se desempeñaba como viceministro de Desarrollo de la cartera de Energía y Minas, y su compañero responde a una estrategia de represión social y política.

Antes los 22 gobernadores departamentales de Guatemala expusieron su preocupación por la detención de Pacheco y Chaclán y reafirmaron su respaldo al derecho a la protesta pacífica y a una justicia independiente.

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