El Colegio de Trabajadores Sociales añadió que «analiza con preocupación la definición de espacios de alta contención para ubicar a la población privada de libertad con un perfil de más elevada peligrosidad”, publicó el periódico Delfino.cr.

Para esa institución “esto se traduce en un retroceso en materia de derechos humanos señalados desde la Constitución Política», aparte de que las medidas “no vienen a resolver ni la seguridad ciudadana, ni la prevención del delito”, añadió la publicación.

Las nuevas estrategias oficiales restringen el derecho de los reclusos “al contacto con sus familias, al acceso a los medios de comunicación, y a las condiciones dignas y humanizadas en prisión”, precisó el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Jorge Arturo Sáenz.

Esas medidas “contravienen lo señalado en la política pública, el reglamento penitenciario vigente y las normas internacionales que Costa Rica suscribió como país”, subrayó el directivo y recordó que el Estado debe ser garante, respecto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Los trabajadores sociales insistieron, además, en que “el punto de partida tiene que ser el reconocimiento de las personas recluidas en centros penitenciarios como sujetos de todos estos derechos, con las únicas restricciones que implica su privación de libertad”.

Las medidas anunciadas por la cartera de Justicia y Paz el 23 de abril disponen que las personas en esos circuitos tendrán nuevas restricciones, entre las que destacan la reducción de los contactos familiares a solo uno al mes, las conyugales a una cada dos meses, así como la prohibición de visitas íntimas sin vínculo demostrado.

Además, las encomiendas con artículos de primera necesidad solo se permitirán una vez al mes y las llamadas telefónicas se limitarán a 10 minutos semanales, lo cual reemplaza el actual libre acceso, señala Delfino.cr.

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