A propuesta del gabinete de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, el foro legislativo acogió la normativa por 57 votos a favor de 60, con lo cual mantiene la suspensión de varios derechos constitucionales.
La medida fue adoptada el 27 de marzo de 2022 tras un fin de semana sangriento donde los grupos de pandillas, calificados como terroristas, asesinaron a más de 80 salvadoreños.
El decreto leído por la diputada oficialista Elisa Rosales, justifica la extensión porque aún existen pandilleros en el país, los cuales de no erradicarse pueden impulsar un retroceso en los logros de seguridad.
En su presentación la diputada explicó que hay informes de que en algunas áreas las pandillas aún intentan acciones de extorsión, mientras tratan de retornar a zonas urbanas para continuar afectando a la población con la comisión de delitos.
Pese a promesas gubernamentales de que se harán modificaciones en su contenido, esta norma continuará vigente hasta el próximo 4 de junio. Pese a que las encuestas registran un apoyo mayoritario de la población por el ambiente de seguridad alcanzado, algunas organizaciones denuncian violaciones de derechos humanos y la muerte de presos en cárceles, la mayoría sin apenas ser juzgados.
La ampliación de la medida ocurre a escasas horas de que el Informe Anual 2024: Una mirada a la situación de los Derechos Humanos en El Salvador, sostuviera que “el régimen de excepción como tal ha perdido su razón de ser”, porque no hay una razón grave que justifique su permanencia.
Para muchos expertos, es una violación de derechos humanos de la mayoría de los cerca de 85 mil detenidos que se encuentren en prisión sin haber sido condenados, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25 mil inocentes encarcelados.
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