Ahora, el relator, el ministro Alexandre de Moraes, decidirá el caso.

«Mantener al preso bajo arresto domiciliario es una medida excepcional y proporcional a su edad y a su estado de salud, cuya gravedad ha sido debidamente probada», alegó Gonet.

Para el fiscal, con los informes, resulta «recomendable y procedente conceder la prisión domiciliaria humanitaria, pues los requisitos que establece la legislación infraconstitucional deben ser compatibles con los principios de protección integral y prioritaria de las personas mayores».

La víspera, De Moraes ordenó a la defensa de Collor presentar más exámenes médicos e incluso aclarar la inexistencia de algunos documentos entre 2019 y 2022. El juez pretende analizar estos documentos para decidir sobre un posible arresto domiciliario.

Anteriormente, el sábado, Collor volvió a solicitar al Supremo el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

En un informe médico, el equipo señala que el político requiere el uso diario de medicamentos y visitas clínicas periódicas a especialistas.

La Policía Federal (PF) detuvo a Collor en la madrugada del 25 de abril, en Maceió, capital del estado de Alagoas (nordeste), en cumplimiento de una orden emitida por De Moraes.

Tal medida fue emitida después que el exsenador fuera condenado definitivamente por corrupción pasiva y lavado de dinero en el ámbito de la operación judicial Lava Jato. Permanece encerrado en la jefatura local de la PF.

De acuerdo con la Fiscalía General, el expresidente recibió 26 millones de reales (un poco más de cuatro millones 500 mil dólares) entre 2010 y 2014 como soborno por haber intermediado en contratos firmados por BR Distribuidora, en la época vinculada a la empresa mixta petrolera Petrobras.

BR Distribuidora, de hecho, tenía dos directores designados por Collor, quien utilizó su influencia para favorecer a determinadas empresas y, a cambio, recibió una comisión sobre los contratos firmados.

Su nombre apareció en los informes de al menos tres denunciantes de la Lava Jato.

Entre 1990 y 1992, Collor gobernó Brasil, cuando renunció al mandato en momentos en que el Parlamento se aprestaba a concluir un juicio de destitución en su contra, por acusaciones de presunta corrupción de las que luego sería absuelto en el juzgado superior.

Ocupó un escaño en el Senado entre 2007 y 2023, y en 2024 fue candidato sin éxito al cargo de gobernador de Alagoas, el cual había ejercido antes de llegar al poder.

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