La frustrada sanción, aprobada por la Comisión Permanente y la subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió solo 56 votos, dos en contra y seis abstenciones y necesitaba 66.

Sin embargo, el pleno legislativo sí aprobó denunciar a Sagasti por abuso de autoridad, ante el Ministerio Público, lo que consideró contradictorio e injustificado su abogado, Carlos Rivera Paz.

La inhabilitación fue considerada por sus promotores como un castigo por una supuesta infracción constitucional y un escarmiento para que ningún jefe de Estado vuelva a cesar a generales de la Policía, como hizo Sagasti con 19 de ellos.

La medida la adoptó tras la muerte de dos manifestantes, Inti Sotelo y Byan Pintado, que en noviembre de 2020 protestaban contra la designación por la mayoría congresal conservadora de Manuel Merino.

Merino tuvo que renunciar en menos de una semana por el rechazo a su nominación por el Parlamento, tras la renuncia del neoliberal gobernante Pedro Pablo Kuczynski por un escándalo de corrupción.

Entre los oradores, congresistas exmilitares y otros invocaron una especie de autonomía de la Policía para justificar su voto a favor, mientras progresistas como Roberto Sánchez, se opusieron a la medida o se abstuvieron.

Sánchez argumentó que los expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016) también relevaron a la cúpula policial al inicio de sus gobiernos.

Sagasti se negó a comparecer ante el pleno y escribió en un mensaje que “está absolutamente claro que en mi gestión como presidente de la República no abusé de mis atribuciones ni cometí actos arbitrarios”.

Añadió que la decisión de pasar al retiro a los generales estuvo “estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento”.

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