El alto funcionario se expresó en esos términos durante la conferencia «La realidad migratoria de la República Dominicana y la República de Haití», impartida en un evento organizado por el Parlamento Centroamericano y el Senado de la República.

En la ocasión, señaló que la situación de crisis en la vecina nación y el flujo de personas hacia este territorio «impone crecientes presiones sobre la educación, la salud y el empleo informal».

También se refirió al impacto de la inmigración irregular en la seguridad y estabilidad del país, y alertó sobre su influencia en la saturación de servicios públicos, el crecimiento desordenado de asentamientos, y los riesgos para la cohesión cultural y social.

Lee manifestó que ante este panorama «hay que defender el interés nacional, respetando los derechos de las personas y la dignidad humana».

No obstante, reconoció que no todos los ciudadanos haitianos que residen en la República Dominicana están indocumentados.

Al respecto, informó que 206 mil 073 personas solicitaron normalizar su estatus bajo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y cuentan con permisos de residencia y trabajo.

El presidente Luis Abinader afirmó el lunes pasado que República Dominicana continuará con su política de deportación de haitianos indocumentados, criticada por las Naciones Unidas.

A principios de este mes, el gobernante anunció un paquete de medidas para hacer frente a la inmigración haitiana, entre estas un protocolo hospitalario para extranjeros, que exige la presentación de documentos oficiales en los centros de salud, lo que ha derivado en la deportación de decenas de gestantes y mujeres próximas a dar a luz.

La semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó la implantación de dicho protocolo y afirmó que si bien todos los países tienen el derecho y la responsabilidad de vigilar sus fronteras, proteger su soberanía y determinar su propia política migratoria, es necesario respetar los derechos humanos.

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