A la visita de altos funcionarios del gobierno de Ecuador para “copiar” la experiencia se sumó la extensión del régimen de excepción por otro mes más y mensajes en redes sociales del presidente Nayib Bukele, quien aseguró que “Ningún plan de seguridad ha logrado lo que hemos hecho en El Salvador”.
La prórroga de la suspensión de varias garantías constitucionales le permitió al gobierno el encarcelamiento de al menos 86 mil pandilleros y presuntos colaboradores, hoy detenidos sin juicio y sin el debido proceso, según denuncias que hablan de al menos 25 mil inocentes tras las rejas.
Pese a resultados en seguridad que la población reconoce luego de una acentuada caída en el número de homicidios hasta una tasa de 1.9 en el último año, los detractores del gobierno, sin embargo, cuestionan la sostenibilidad de esas cifras y denuncian presuntas violaciones de los derechos humanos en el marco de las detenciones.
En su presentación de la última ampliación una diputada oficialista justificó esta porque, según dijo, en algunas áreas las pandillas aún intentan acciones de extorsión, mientras tratan de retornar a zonas urbanas para continuar afectando a la población con la comisión de delitos.
A la política de seguridad se sumó en la semana como hecho sustantivo el incremento del costo de la vida, pese a que la meta del gobierno es mejorar la economía de forma parecida a como hace con la seguridad.
Tal vez sea una quimera pues, recientes informes muestran que la economía no marcha todo lo bien que el mandatario quisiera.
Una pesquisa de la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MpSA) reveló que el costo mensual de una canasta alimentaria supera los 450 dólares, más de 200 del valor que considera la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (Onec).
Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se sumó a proyecciones negativas de varias multilaterales, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que aseguran un descenso en el crecimiento de la economía local a menos de tres por ciento.
La Cepal se sumó al FMI que redujo la semana anterior la proyección del crecimiento salvadoreño de un 3.5 a un 2.4 por ciento, así como el BM que aplicó una reducción de un 2.7 a un 2.2 por ciento.
Destacado también en la semana la celebración del Día Internacional de los Trabajadores con marchas multitudinarias en las cuales no faltaron los reclamos al gobierno por la violación de sus derechos.
En las manifestaciones no faltaron críticas a una propuesta de Bukele de aumentar el salario mínimo en un 12 por ciento, algo que fue calificado por opositores y sindicatos como insuficiente ante el incremento de la carestía en el país.
También alcanzó destaque en medios noticiosos el caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García deportado a este país y que se erige hoy como un asunto espinoso tanto para la administración de Donald Trump como para Bukele y su política carcelaria.
arc/lb
